Plantean anular el caso Rózsa por infiltración

Investigación. El Gobierno admitió la veracidad de los videos, pero el fiscal no los tomará en cuenta. Los defensores anuncian que si el proceso llega a juicio, presentarán más pruebas contra la Utarc

Oswaldo Rojas y Gerardo Prado, abogados de los detenidos por el caso de supuesto terrorismo Gelafio Santistevan y Mario Tadic, pidieron que el caso contra sus clientes sea anulado por las presuntas irregularidades que se cometieron en el operativo del 16 de abril en el hotel Las Américas y por la admisión de parte del Gobierno de que el grupo supuestamente liderado por Eduardo Rózsa había sido infiltrado por la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc). Rojas aseguró que cuenta con pruebas para demostrar que el tema de terrorismo fue montado por el Gobierno y que las mismas serán enseñadas en “el momento y el lugar preciso”; dijo que espera la remisión de los documentos “al juez competente” para solicitar la acción de libertad de su cliente.Prado añadió que en las imágenes se ve claramente que la Policía no respetó los derechos de su defendido, “pues no había un fiscal presente, el lugar no fue precintado, las pruebas fueron manipuladas sin respetar procedimiento y se observa a los dos detenidos maniatados y envueltos de tal forma que no podían ver nada”.Esos hechos fueron calificados como ilegales y dijo que los dos videos serán incorporados a la demanda internacional que pusieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Ayer, el vicepresidentedel Estado, Álvaro García Linera, y el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, admitieron que las imágenes del hotel Las Américas, minutos después de las muertes de Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, son reales y que los organismos de seguridad tenían infiltrado al grupo desde antes del operativo del 16 de abril. “Hay una convocatoria del fiscal y el capitán Wálter Andrade envió un informe donde describe su presencia en las reuniones previas con el grupo y donde da su informe del operativo”, señaló el Vicepresidente.Mientras, el titular de Gobierno, Alfredo Rada, dijo que “las imágenes confirman que hubo informes de Inteligencia sobre el grupo terrorista. Esto no debe sorprender a nadie, las cosas no se descubren al azar”.Pese a que se admitió su autenticidad, el fiscal Soza, mediante un comunicado, anunció que no tomará en cuenta los videos porque no fueron presentados de forma oficial. Advirtió que su difusión lesiona la calidad de prueba de los videos y les recuerda a los parlamentarios que no son cabeza del Ministerio Público y que “no debieran asumir el rol de fiscales”.El diputado Bernardo Montenegro (Podemos) afirmó que el video muestra claramente “que el Gobierno tenía una relación institucional con el grupo terrorista; no era uno, había varios policías que eran parte de este grupo”.El senador Luis Vásquez señaló que se actuó de manera contraria al procedimiento legal, por lo que las pruebas pueden ser invalidadas. Ambos parlamentarios pidieron el cambio del fiscal Soza, pero el Gobierno descartó dicha posibilidad. Rada aseguró que Soza es el investigador y que no habrá cambios, como pide la oposición.
Malestar en la Policía causa filtracionesLa proximidad de la orden de ascensos dentro de la Policía provoca una pugna interna en esta institución y la filtración de documentos y videos del caso Rózsa. Según fuentes policiales, éste es el método que utilizan algunos oficiales descontentos que quieren obtener altos cargos en el siguiente periodo.Ayer se especulaba que existía un tercer video sobre este caso y fue el propio ministro de Gobierno, Alfredo Rada, el que admitió este hecho.Añadió que este operativo cuenta con muchas fotografías y filmaciones que están en poder del fiscal a cargo, Marcelo Soza. Los policías consideran que con la filtración de documentos se provoca daños al actual Comando, porque no pueden detener la fuga de documentos, lo que pone en evidencia “la incapacidad para controlar a los subalternos”.Cuando apareció el primer video, las autoridades gubernamentales exigieron informes a Inteligencia sobre lo que sucedió y quiénes tenían esos videos. Hasta ahora, las autoridades no supieron explicar cómo se enteraron de la existencia del grupo y por qué se dio su de-sarticulación casi inmediatamente después del atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas. Rada no aceptó preguntas de la prensa y se limitó a cuestionar los subtítulos y el audio del video. No explicó si ya lo había visto.
La UE no se ha involucradoLa Unión Europea aún no recibió de Irlanda y Hungría petición de representación ante el Gobierno boliviano sobre la muerte del ciudadano húngaro Arpád Magyarosi y del irlandés Michael Martin Dwyer. La información fue confirmada por el Consejero de la Delegación de la Comisión Europea en Bolivia, Ivo Hopkins. "Ésos son asuntos que son de competencia a nivel de esos países. Hasta ahora no he tenido ese tipo de solicitudes", agregó. Señaló que es competencia de los países interesados en realizar acciones de representación, aunque el hecho de la forma como se produjeron las muertes no deja de inquietar a la comunidad europea. "Claro que hay una preocupación, no olvidemos que son gente de la Unión Europea que ha muerto, ése es el caso”, dijo Hopkins.
Debe haber una ordenCarlos Fernández / Penalista y Cnl de PolicíaEl Código Penal prevé las infiltraciones a organizaciones criminales, terroristas y narcotraficantes, pero siempre con la autorización de determinadas autoridades. En todo el mundo Inteligencia infiltra a estas organizaciones, si no, no habría datos. Por ello, la infiltración del grupo Rózsa debería estar respaldada por una orden superior y existir reportes de sus actos. Además, el justificativo para no informar de inmediato que el grupo fue infiltrado es que haya seguido después del 16 de abril o que aún haya infiltrados. Sin embargo, esto le puede servir a la defensa. Los abogados pueden decir que si sabían todos sus movimientos, debió haber fiscal y orden de allanamiento en el operativo. La Fiscalía dirá que hubo delito en flagrancia.