Ortiz, acompañado de otros congresistas opositores, presentó en una audiencia de la CIDH un informe que da cuenta de "violaciones al sistema democrático boliviano que van en contra de la Carta Democrática Interamericana", señaló a periodistas.
"Hoy la institucionalidad de Bolivia se ha quebrantado (...). Desde que Evo Morales asumió el poder, el país se vio inmerso en abusos de poder, uso desproporcionado de la fuerza y violación de los derechos humanos", dijo Ortiz.
El presidente del Senado boliviano denunció cercos al Congreso por parte de partidarios del presidente, persecución a miembros del Tribunal Constitucional, que estaría inoperante desde hace dos años, y la destitución del contralor general, reemplazado por un congresista afecto al gobierno.
Además, durante los 4 años de gobierno de Morales se han registrado 74 muertes producto de la conflictividad política, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones a los derechos humanos, indicó el informe entregado por Ortiz.
"Venimos a la Comisión porque no hay un Tribunal Constitucional en Bolivia desde hace dos años y no tenemos la garantía de que estos hechos serán investigados", dijo Ortiz, acompañado por los senadores opositores Luis Vásquez y Róger Pinto.
El senador, candidato a la reelección en las elecciones del 6 de diciembre, pidió a la CIDH que investigue las denuncias y que incluso lleve los casos a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
En una audiencia posterior, representantes del gobierno boliviano rechazaron las denuncias de los senadores.
"Algunos sectores pretenden utilizar este espacio como una plataforma electoral, el Estado boliviano condena estas actitudes", afirmó Sacha Llorenti, viceministro de coordinación de los movimientos sociales de Bolivia.
Llorenti afirmó que los senadores "defienden intereses de separatistas y latifundistas".
El funcionario dijo que como nunca antes su país está abierto al escrutinio de instancias internacionales, al invitar a la relatoría de la libertad de expresión de la CIDH a visitar Bolivia para constatar el respeto a la prensa.
"Hoy la institucionalidad de Bolivia se ha quebrantado (...). Desde que Evo Morales asumió el poder, el país se vio inmerso en abusos de poder, uso desproporcionado de la fuerza y violación de los derechos humanos", dijo Ortiz.
El presidente del Senado boliviano denunció cercos al Congreso por parte de partidarios del presidente, persecución a miembros del Tribunal Constitucional, que estaría inoperante desde hace dos años, y la destitución del contralor general, reemplazado por un congresista afecto al gobierno.
Además, durante los 4 años de gobierno de Morales se han registrado 74 muertes producto de la conflictividad política, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones a los derechos humanos, indicó el informe entregado por Ortiz.
"Venimos a la Comisión porque no hay un Tribunal Constitucional en Bolivia desde hace dos años y no tenemos la garantía de que estos hechos serán investigados", dijo Ortiz, acompañado por los senadores opositores Luis Vásquez y Róger Pinto.
El senador, candidato a la reelección en las elecciones del 6 de diciembre, pidió a la CIDH que investigue las denuncias y que incluso lleve los casos a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
En una audiencia posterior, representantes del gobierno boliviano rechazaron las denuncias de los senadores.
"Algunos sectores pretenden utilizar este espacio como una plataforma electoral, el Estado boliviano condena estas actitudes", afirmó Sacha Llorenti, viceministro de coordinación de los movimientos sociales de Bolivia.
Llorenti afirmó que los senadores "defienden intereses de separatistas y latifundistas".
El funcionario dijo que como nunca antes su país está abierto al escrutinio de instancias internacionales, al invitar a la relatoría de la libertad de expresión de la CIDH a visitar Bolivia para constatar el respeto a la prensa.
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