Decisión. No puede intervenir hasta que todas las instancias de la justicia boliviana agoten sus recursos. Esto puede durar entre tres y cinco años
La Unión Europea esperará a que el proceso del denominado caso Rózsa concluya en tribunales nacionales antes de realizar acciones y sólo lo hará a petición de parte, ya que no puede actuar de oficio, pese a que los cinco miembros del presunto grupo terrorista supuestamente liderado por Eduardo Rósza tienen nacionalidad europea (Rósza era húngaro croata, además de boliviano, y Mario Tadic tiene nacionalidad croata).El representante de la UE en Bolivia para temas políticos, embajador Ramón Santos, certificó que hasta el momento los países de origen de Michael Dwyer y Árpád Ma-gyarosi, Irlanda, Hungría y Rumania, no hicieron llegar ninguna petición oficial de intermediación dentro del proceso que se sigue en la justicia boliviana. Cabe recordar que el cónsul de Irlanda en Argentina, Dereck Lambe, al igual que el embajador húngaro en dicho país, Mátyás Józsa, estuvieron en Bolivia siguiendo el caso.“Es un tema que está ante los tribunales bolivianos. Naturalmente las familias de los fallecidos tienen un interés y han emprendido sus propias iniciativas, pero desde el punto de vista oficial hasta el momento no tenemos ninguna petición”, afirmó el embajador de España.El abogado del húngaro Elöd Tóásó, Rigoberto Paredes, admitió que ellos no pueden acudir a instancias internacionales hasta no concluir con todos los pasos en la justicia ordinaria, pero añadió que ellos ven que no encontrarán justicia en tribunales bolivianos y que al final del proceso se presentarán ante los juzgados internacionales.“En esta etapa preparatoria tenemos en tres fases, la preliminar, que fue agotada; la fase de prueba, que es la que se está realizando, y luego las conclusiones”, dijo el profesional, que explicó que esta fase debe concluir con el sobreseimiento o acusación formal.Luego viene el juicio oral, donde comenzará todo de nuevo, pero esta vez ante un Tribunal de Sentencia. Si los acusados no aceptan el fallo de este tribunal pueden acudir a la Corte Superior de Distrito y, si la disconformidad continúa, podrán elevar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se acaban las instancias nacionales y se podrá remitir el caso a tribunales internacionales.¿Cuánto tiempo puede pasar en todo este proceso?, fue la consulta, el abogado Víctor Hugo Cortez, que explicó que hasta la sentencia la norma señala que puede ser de tres años. Si en ese tiempo no se dicta fallo alguno, el caso se extingue y los causados pueden salir libres.Cuando el caso pasa a la Corte Suprema, prosiguió el profesional, los plazos se ensanchan y agotar los tribunales ordinarios nacionales puede demorar entre cuatro y cinco años, pero aclaró que este plazo se cumple siempre y cuando no exista presión política.Según el abogado Paredes, lo que está sucediendo en este momento con los viajes de parlamentarios a instancias internacionales es crear condiciones y poner antecedentes ante esos tribunales internacionales, porque son esos mismos entes los que exigen que antes de intervenir se agote la jurisdicción nacional.Hay dos instancias a las que podrán recurrir los acusados y los familiares de los fallecidos si es que deciden una acción contra el Estado boliviano, son la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -a la que ya acudieron los senadores- y la Corte Penal Internacional. Las Naciones Unidas será una de las últimas instancias de los abogados. Para Paredes, todas las acciones del Gobierno y de la Fiscalía contra su cliente están creando las condiciones necesarias para que los tribunales internacionales puedan conocer el caso.
Piden que informe llegue a Santa Cruz Los diputados opositores que integran la comisión especial que investiga el caso Rózsa, exigirán que el informe que planea aprobar el MAS en la sesión del miércoles sea remitido a Santa Cruz y que no permitirán que sea enviado a manos del fiscal Marcelo Soza.La diputada Marisol Abán afirmó que ellos consideran que la jurisdicción del caso está en esta ciudad y por tanto no permitirán que toda la investigación que realizaron esté en poder de un fiscal al que los opositores quitaron toda la confianza.Sin embargo, en la Fiscalía explicaron que cualquier documento de la Cámara de Diputados debe ser enviado a la Fiscalía General y que será su titular, Mario Uribe, el que defina a quién será remitido ese informe.Mientras en la Policía informaron que el capitán Andrade y la dragoneante Vargas son los principales sospechosos de la filtración de documentos, el caso está en responsabilidad profesional.
La Unión Europea esperará a que el proceso del denominado caso Rózsa concluya en tribunales nacionales antes de realizar acciones y sólo lo hará a petición de parte, ya que no puede actuar de oficio, pese a que los cinco miembros del presunto grupo terrorista supuestamente liderado por Eduardo Rósza tienen nacionalidad europea (Rósza era húngaro croata, además de boliviano, y Mario Tadic tiene nacionalidad croata).El representante de la UE en Bolivia para temas políticos, embajador Ramón Santos, certificó que hasta el momento los países de origen de Michael Dwyer y Árpád Ma-gyarosi, Irlanda, Hungría y Rumania, no hicieron llegar ninguna petición oficial de intermediación dentro del proceso que se sigue en la justicia boliviana. Cabe recordar que el cónsul de Irlanda en Argentina, Dereck Lambe, al igual que el embajador húngaro en dicho país, Mátyás Józsa, estuvieron en Bolivia siguiendo el caso.“Es un tema que está ante los tribunales bolivianos. Naturalmente las familias de los fallecidos tienen un interés y han emprendido sus propias iniciativas, pero desde el punto de vista oficial hasta el momento no tenemos ninguna petición”, afirmó el embajador de España.El abogado del húngaro Elöd Tóásó, Rigoberto Paredes, admitió que ellos no pueden acudir a instancias internacionales hasta no concluir con todos los pasos en la justicia ordinaria, pero añadió que ellos ven que no encontrarán justicia en tribunales bolivianos y que al final del proceso se presentarán ante los juzgados internacionales.“En esta etapa preparatoria tenemos en tres fases, la preliminar, que fue agotada; la fase de prueba, que es la que se está realizando, y luego las conclusiones”, dijo el profesional, que explicó que esta fase debe concluir con el sobreseimiento o acusación formal.Luego viene el juicio oral, donde comenzará todo de nuevo, pero esta vez ante un Tribunal de Sentencia. Si los acusados no aceptan el fallo de este tribunal pueden acudir a la Corte Superior de Distrito y, si la disconformidad continúa, podrán elevar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí se acaban las instancias nacionales y se podrá remitir el caso a tribunales internacionales.¿Cuánto tiempo puede pasar en todo este proceso?, fue la consulta, el abogado Víctor Hugo Cortez, que explicó que hasta la sentencia la norma señala que puede ser de tres años. Si en ese tiempo no se dicta fallo alguno, el caso se extingue y los causados pueden salir libres.Cuando el caso pasa a la Corte Suprema, prosiguió el profesional, los plazos se ensanchan y agotar los tribunales ordinarios nacionales puede demorar entre cuatro y cinco años, pero aclaró que este plazo se cumple siempre y cuando no exista presión política.Según el abogado Paredes, lo que está sucediendo en este momento con los viajes de parlamentarios a instancias internacionales es crear condiciones y poner antecedentes ante esos tribunales internacionales, porque son esos mismos entes los que exigen que antes de intervenir se agote la jurisdicción nacional.Hay dos instancias a las que podrán recurrir los acusados y los familiares de los fallecidos si es que deciden una acción contra el Estado boliviano, son la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -a la que ya acudieron los senadores- y la Corte Penal Internacional. Las Naciones Unidas será una de las últimas instancias de los abogados. Para Paredes, todas las acciones del Gobierno y de la Fiscalía contra su cliente están creando las condiciones necesarias para que los tribunales internacionales puedan conocer el caso.
Piden que informe llegue a Santa Cruz Los diputados opositores que integran la comisión especial que investiga el caso Rózsa, exigirán que el informe que planea aprobar el MAS en la sesión del miércoles sea remitido a Santa Cruz y que no permitirán que sea enviado a manos del fiscal Marcelo Soza.La diputada Marisol Abán afirmó que ellos consideran que la jurisdicción del caso está en esta ciudad y por tanto no permitirán que toda la investigación que realizaron esté en poder de un fiscal al que los opositores quitaron toda la confianza.Sin embargo, en la Fiscalía explicaron que cualquier documento de la Cámara de Diputados debe ser enviado a la Fiscalía General y que será su titular, Mario Uribe, el que defina a quién será remitido ese informe.Mientras en la Policía informaron que el capitán Andrade y la dragoneante Vargas son los principales sospechosos de la filtración de documentos, el caso está en responsabilidad profesional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario